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EDITORIAL

Plebiscito constitucional

Por La Prensa Austral sábado 29 de agosto del 2020
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En medio de cuestionamientos, incertezas y más de algún vacío, se siguen dando pasos en pro del plebiscito constitucional, fijado para este 25 de octubre.

Esta semana, de hecho y a escasas horas de que, según el cronograma, se iniciara el período de propaganda electoral, en ambas cámaras del Congreso se aprobó la normativa que regula el financiamiento para las campañas del “Apruebo” y “Rechazo” y para promover la “Convención Constitucional” y la “Convención Mixta Constitucional”.

Esta normativa fija, entre otros asuntos, el límite del gasto, bordeando éste en unos $2.100 millones. También se dispuso que 500 UF SERÁ el aporte individual máximo que podrán recibir las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos.

Otro aspecto relevante es que se prohíbe que empresas o dineros del extranjero puedan ser incorporados al financiamiento de estas campañas.

Cómo realizar este proceso en medio de la pandemia es uno de los mayores desafíos que tiene el Servicio Electoral y fue álgido el debate sobre la participación de ciudadanos contagiados con Covid-19. Dar garantías de seguridad sanitaria es un elemento relevante cuando en varias ciudades y regiones del país se ha tenido que retroceder respecto del plan “Paso a Paso”.

Sabido es que los adultos mayores son quienes más ejercen su derecho ciudadano, pero este año son parte de la población que más riesgo corre producto del coronavirus. Cómo facilitarles un acceso expedito y seguro, sanitariamente hablando, será otro de los deberes que, como comunidad, se tendrá que cumplir.

Ha existido consenso respecto de que este plebiscito no podía ser postergado una vez más, pero no se aprecia igual empeño en apresurar las decisiones para otorgar a la ciudadanía –votantes, vocales y apoderados- las seguridades que exige una pandemia.

En Magallanes, ha sido escaso el interés de los partidos políticos y agrupaciones por informar a la gente qué es lo que está en juego este 25 de octubre. Lo peor que puede acontecer es que sea mínima la participación ciudadana y que ello permita a los detractores del plebiscito constitucional cuestionar la validez del proceso.