Necrológicas

Centenario de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y su aplicación experimental en Magallanes

Por La Prensa Austral miércoles 23 de septiembre del 2020

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Por Víctor Hernández, Sociedad

de Escritores de Magallanes

Debe ser uno de los proyectos, convertido en ley de la república, más importante, influyente e icónico, desde los orígenes de nuestra independencia. Tal vez, la razón principal de ese sentimiento estriba en su objetivo esencial: promover que desde el Estado de Chile se asegure y se cautele el proceso de instrucción y enseñanza para todos los niños de nuestra patria.

Cuesta creerlo, pero fue una tarea titánica lograr que el Estado pudiera regular el cumplimiento y funcionamiento de la instrucción primaria. Recién, el 24 de noviembre de 1860, durante la administración del Presidente Manuel Montt Torres, se promulgó el primer cuerpo legal sobre esta materia denominada: “Ley general de instrucción primaria” que aseguraba a los menores el acceso a la educación, y garantizaba la gratuidad y la libertad en la enseñanza.

Con este espíritu, el Estado de Chile implementó, particularmente en los gobiernos de Domingo Santa María (1881-1886) y José Manuel Balmaceda (1886-1891), un significativo incremento en infraestructura escolar y en el perfeccionamiento del Magisterio con la creación de escuelas normales en Chillán, La Serena, Valdivia, Puerto Montt, Copiapó, Victoria y Angol; la fundación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Santiago.

Sin embargo, intelectuales como el abogado y senador Enrique Mac Iver, denunciaron a principios de siglo XX la deformación del sistema educativo chileno. Aquél político señaló: “A medida que las escuelas aumentan, la población escolar disminuye”. En el marco de esa discusión, otro político, el senador radical Pedro Bannen, presentó el 18 de junio de 1900, el primer proyecto para establecer la Instrucción Primaria Obligatoria.

La polémica suscitada por estos congresales, sobre la deficiencia y la precariedad del sistema escolar chileno, se ratificó en las conclusiones reveladas por el VI Censo General de la República, efectuado a fines de 1907, el cual demostró que sólo el 51,6% de la población sabía leer y escribir; un 48,4% era analfabeta y apenas un 17% de los niños asistía a la escuela.

Del análisis se comprendió una verdad cruel y dolorosa. Muchos padres de buenos recursos, evitaban enviar a sus hijos al colegio porque preferían educarlos al interior de sus hogares; en tanto, otros miles, confrontados por la miseria y la pobreza, simplemente empleaban a los niños en labores productivas. Al respecto, en 1915, el entonces diputado Pedro Aguirre Cerda elevó en la Cámara la siguiente reflexión como un anticipo de lo que luego haría como ministro de Justicia, culto e instrucción pública en el gobierno de Juan Luis Sanfuentes y sobretodo, después como Presidente. “La más grave falta que puede cometer un ciudadano es la de obstruir la ley sobre instrucción primaria obligatoria. Como si el 60% de los niños chilenos, hoy analfabetos, no tuvieren derecho a exigir una parte del presupuesto nacional. Que en ellos se invierta de la forma más productiva imaginable”.

De esta forma, se llegó al 26 de agosto de 1920, en que el Congreso Nacional sancionó la ley Nº3694 de Instrucción Primaria Obligatoria, que en su artículo Nº1 señala: “Todos los niños chilenos entre los seis y dieciséis años que estudiaran en escuelas administradas por el Estado y las municipalidades del país, estarán obligados a cursar cuatro años de enseñanza básica”. Se estableció además, sanciones pecuniarias conmutable con penas de prisión, a los padres que se negaran a enviar a sus hijos a la escuela.

Por otra parte, la ley generó varias categorizaciones; toda comuna con más de mil habitantes debería tener, al menos, una escuela por género. En el caso que su número de habitantes fuera inferior al indicado, el municipio debería proveer un establecimiento para la educación de adultos.

El profesorado no quedaba exento de estas disposiciones; se estipuló que para ejercer la docencia se requería poseer el título de profesor normalista y de tener la acreditación universitaria o un permiso municipal para dictar cursos especiales.

En 1929, el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo extendió la educación obligatoria a seis años. Cuatro décadas más tarde, en 1965, la reforma general de la educación chilena llevada a cabo por la administración del presidente Eduardo Frei Montalva, amplió ese precepto a ocho años, y en 2002, bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar, se elevó a doce años, asegurando así que todos los niños y jóvenes de Chile hasta los dieciocho años de edad, dispongan de una educación básica y media, gratuita y obligatoria.

En Magallanes se estrenó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria

Es verdad. Luego de conocerse en 1908 los resultados del VI Censo General de la República, los cuales demostraron que el Territorio de Magallanes poseía la segunda mejor tasa de alfabetismo del país, las sucesivas Comisiones de Alcaldes, comenzaron las diligencias para implantar, a contar de una interpretación del proyecto presentado por el senador Bannen en 1900, y del crecimiento sostenido de la matrícula escolar, la aplicación de la obligatoriedad de la instrucción primaria en el austro.

Un denodado esfuerzo en este sentido, fue el éxito alcanzado por el Censo escolar, efectuado por acuerdo de la Junta de Alcaldes, el 16 de julio de 1916, que determinó un total de 3.799 alumnos cursando estudios primarios.

Dicha información preliminar, motivó al Magisterio local a constituir, en dependencias de la Escuela Superior de Hombres Nº1, el 14 de octubre de 1916, el Centro Pedagógico de Instrucción Primaria de Magallanes, cuyos objetivos fueron los siguientes:

1º Refrescar y ensanchar los conocimientos pedagógicos del personal docente de las Escuelas Públicas de Magallanes.

2º Estudiar las medidas que puedan dar impulso al servicio de Instrucción Primaria de Magallanes.

3º Estrechar los vínculos de amistad y compañerismo que deben existir en el Magisterio.

4º Será compuesto por todo el personal docente de las Escuelas Públicas del Territorio.

5º El Directorio lo formarán el visitador de escuelas como presidente; un vicepresidente, un secretario, y un tesorero. Todos, a excepción del presidente, serán elegidos por mayoría absoluta de votos y en cédula separada por miembros del Centro, y durarán un año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos. La elección tendrá lugar en la primera sesión que se celebre en el año.

6º Las sesiones ordinarias tendrán lugar mensualmente el día que se suspendan las clases para el pago del personal de Instrucción Primaria y a la hora que fije el Presidente. Podrá ser convocado por éste cuando lo estime conveniente.

7º Las sesiones ordinarias tienen por objeto asistir a las conferencias que dé la Visitación o recibir las instrucciones de carácter general que quiera dar; la segunda parte de esas sesiones estará destinada al tratamiento del tema que cada uno de los miembros del Centro debe desarrollar en estas reuniones, fijándose el turno para cada sesión por el orden de antigüedad del personal y el numérico de las escuelas. Cada conferencista tendrá la obligación de dejar copiada en el Libro de Conferencias la que hubiere desarrollado en el Centro. Se exceptúa de esta obligación al Visitador siempre que sus conferencias sean temas para varias sesiones.

La asistencia a las sesiones del Centro es obligatoria para todos sus miembros, los que estarán obligados a justificar su inasistencia ante el Presidente siempre que fuerza mayor les impida concurrir.

8º Para el perfeccionamiento profesional de los miembros del Centro, habrá una biblioteca formada con las donaciones que se le hagan, los libros que proporcione la Superioridad del Ramo y las adquisiciones que acuerde el Centro. Servirá de bibliotecario el secretario o el tesorero según lo acuerden los miembros del Centro.

9º Cada miembro del Centro contribuirá con una cuota mensual de cuarenta centavos para los gastos de su sostenimiento.

10º Anexa al Centro existirá la Agrupación Departamental dependiente de la Federación de Profesores de Instrucción Primaria de Chile, siempre que el profesorado de la Jurisdicción haya veinte federados por lo menos, como lo disponen los Estatutos de esa Institución.

A fines de octubre de 1916 se procedió a conformar el primer directorio de la naciente institución, el cual quedó compuesto por los siguientes profesores:

Presidente: Luis Enrique Zelada.

Vicepresidente: Eliecer Díaz.

Secretario: Manuel Iligaray.

Tesorera: Ausristela Alvarez.

Bibliotecaria: Leonila Gómez.

A mediados de noviembre de ese año, la Comisión de Alcaldes conformada por Rodolfo Stubenrauch, Mateo Paravic, Alfonso Menéndez, José Montes y Nibaldo Sanhueza aprobaron el reglamento para aplicar la ley de Instrucción Primaria en el territorio de Magallanes, el que decía así:

Artículo 1º Los padres de familia, o los que legalmente hagan sus veces, deban cumplir la obligación de dar a sus hijos o pupilos entre los seis y los catorce años de edad, la educación que permitan y requieran su clase y facultades;

Artículo 2º El mínimo de esta educación consistirá, con arreglo a la Ley de Instrucción Primaria de 24 de noviembre de 1860 en lo siguiente: lectura y escritura del idioma patrio, elementos de aritmética práctica, sistema legal de pesas y medidas, moral e higiene.

Artículo 3º Los padres de familia, o los que legalmente hagan sus veces, podrán proporcionar a sus hijos el mínimo de educación a que se refiere el artículo anterior, a su elección: en una escuela fiscal, municipal, parroquial, conventual, simplemente particular o en el hogar; lo que acreditarán con la libreta escolar o con la papeleta de inscripción del establecimiento en que se eduque el niño. Los niños que se eduquen en el hogar se presentarán a fines de año ante la Comisión Examinadora que debe elegir la Comisión de Alcaldes en el mes de diciembre de cada año.

Artículo 4º Quedan exentos de la obligación impuesta por los artículos anteriores los padres de familia, o los que legalmente hagan sus veces, cuyos hijos acrediten poseer el mínimo de educación fijado en el artículo 2º.

Artículo 5º Incurrirán en la pena que prescribe este reglamento los padres de familia o los que regularmente hagan sus veces, que no hubieran matriculado a sus hijos después de la edad de seis años en alguna escuela y que, posteriormente, no velaren por su asistencia regular, salvo que acrediten que están cumpliendo su obligación en la forma establecida en el artículo 3º, o que están exentos de esta obligación en conformidad con el artículo 4º. La asistencia se calificará de regular en conformidad a las disposiciones del reglamento de Instrucción Primaria.

Artículo 6º Créase la Visitación de Escuelas Municipales dependiente de la Comisión de Alcaldes, con una sección que se denominará “Estadística Escolar”, a cargo de un Visitador, y de un ayudante, que se nombrarán al efecto. Esta oficina, además de la vigilancia de las escuelas municipales de Magallanes, tendrá la obligación de anotar en el registro de Estadística Escolar, que se abrirá, el nombre y apellidos de cada niño que figure en el Censo Escolar y los de los niños que deben inscribirse según el artículo 1º de este reglamento; la edad, el nombre del padre o del que legalmente haga sus veces, dónde recibe la instrucción, la circunstancia de no asistir al colegio y sus causas, y el domicilio del niño y el de su padre o apoderado, los cambios de domicilio o establecimiento de educación que ocurran y los demás datos que sean necesarios.

Artículo 7º Se impone a los Directores de Establecimientos de Educación del Territorio la obligación de suministrar a la Oficina de Estadística Escolar todos los datos que le solicite, entre otros, la nómina de la matrícula y mensualmente, la de los alumnos que den de baja o matriculen en el mes y de los que hayan faltado a las clases por lo menos diez días durante el mes sin justificar debidamente su inasistencia, a fin que se hagan las investigaciones del caso para hacer efectiva la responsabilidad de quien corresponda.

Artículo 8º Para supervigilar el cumplimiento de este reglamento, habrá una Junta compuesta del Alcalde, Presidente de la Comisión de Instrucción, que la presidirá, del prefecto de policía, del Visitador de Escuelas y del Ayudante de la Oficina de Estadística Escolar, que servirá de secretario.

Esta Junta comprobará las infracciones al presente reglamento y dará cuenta de ellas a la Comisión de Alcaldes, para los efectos de la aplicación de la pena correspondiente.

Artículo 9º Todos los niños de edad escolar que se encontraren vagando por las calles durante las horas de clase y que infundieren sospecha de ser infractores a este reglamento, podrán ser conducidos por la policía a la casa de sus padres, o de quienes legalmente hagan sus veces, para comprobar si son o no infractores.

Artículo 10º Se obliga a los padres de familia o a los que legalmente hagan sus veces, a dar aviso a la Oficina de Estadística Escolar de todo cambio de domicilio o de establecimiento de educación por parte de sus hijos y de la ausencia temporal o definitiva de éstos del distrito escolar de Magallanes. Asimismo, se hace obligatoria la inscripción en esta Oficina de los niños de seis a catorce años que vengan a radicarse al Territorio.

Artículo 11º Serán penados con una multa de $50 conmutable en cinco días de arresto, a los padres, o los que legalmente hagan sus veces, que abandonen a sus hijos no procurándoles la educación a que se refiere este Reglamento, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 494 Nº 15 del Código Penal y el artículo 112 de la Ley de Municipalidades.

En caso de reincidencia la multa podrá aplicarse hasta $100 conmutable en cinco días de arresto.

Cada infracción a las demás dispuestas en este Reglamento a los padres de familias, o a los que legalmente hagan sus veces, será penada con una multa de $40 en conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 Nº1, de la Ley de Municipalidades.

Artículo 12º El presente Reglamento empezará a regir desde el 1 de marzo de 1917.

Antes de completarse la primera década de su implementación, el austro exhibía un coeficiente de asistencia media comparada con la matrícula efectiva de un 92%, considerado muy elevado en relación a los resultados que arrojaban las demás provincias de Chile. Ello demostraba el interés por cumplir las disposiciones de la obligación escolar, como escribió el periodista y director de El Magallanes, Manuel Zorrilla, en el tomo II, página 48 de su monumental obra “Magallanes en 1925”.

Significación para el profesorado del día 26 de agosto.

No fue casualidad que la citada ley se haya promulgado un 26 de agosto de 1920. Para esa fecha existían otros importantes antecedentes históricos como la fundación de la Escuela Normal de Preceptoras de Santiago, y la Escuela de Preceptores de Mariluán, renombrada en 1942, como Escuela Normal Rural Experimental de Victoria, ambas instituciones nacidas un 26 de agosto de 1853 y 1906, respectivamente.

Además, durante el gobierno de Juan Antonio Ríos Morales, el 26 de agosto de 1942, se creó mediante el DFL Nº6-4.817, artículo 12, la Dirección General de la Enseñanza Técnico-Profesional.

Consciente de su connotación simbólica, el Presidente Ricardo Lagos Escobar, escogió un 26 de agosto de 2002, para ampliar desde ocho a doce años, la gratuidad y obligatoriedad escolar y un 26 de agosto de 2005, para instituir el Día del Profesor Normalista.